Mientras docenas de habitantes de Boulder pasaron la primavera arriesgando su salud para recoger miles de firmas de peticiones para obtener un sitio en la boleta electoral de 2020, este no fue el caso en otras partes del país. Desde la costa este hasta el suroeste, los legisladores de otros estados fueron capaces de proporcionar sistemas electrónicos seguros que permitieron a sus electores recoger firmas en línea.
Fue una sorpresa para algunos politólogos, ya que Boulder fue el primer municipio de la nación en que los votantes aprobaron el uso de un sistema de petición electrónica en 2018. Colorado también es conocido en los círculos de leyes electorales como un estado con uso de democracia directa relativamente activa y progresista. Como dijo John Cluverius, profesor asistente de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts Lowell, “Fuera de la pandemia, Boulder realmente debería estar marcando el camino.”
En cambio, Massachusetts, un estado con estándares más estrictos para la democracia directa en comparación con Colorado, con mayores umbrales de firmas y periodos de recollection más cortos, implementó el primer sistema exitoso de petición de iniciativa de votación electrónica cuando, el 29 de abril, la Corte Judicial Suprema del estado proclamó un veredicto a favor de las campañas de iniciativas ciudadanas.
“Me sorprende que esto no se haya implementado en todas partes,” dijo Cluverius. “Ustedes están en Boulder, Colorado. Ya existe un compromiso democrático que favorece esto. Los votantes ya han dicho que les gusta esto y lo quieren.”
Con una pandemia que está matando miles de estadounidenses al día, él añadió, “Esto es una obviedad.”
Antes del COVID-19, ninguno de los estados que permiten iniciativas ciudadanas utilizaba sistemas de petición electrónicos o remotos. Todos tenían que recoger firmas en persona, y aunque Colorado y Arizona fueron pioneros en nuevas tecnologías para ayudar con las solicitudes a mediados de la década de 2010, estos métodos no fueron necesariamente útiles para las campañas de 2020 que intentaban navegar una pandemia. El sistema de eSign exclusivo de la ciudad de Denver facilita el uso de un iPad, pero aún requiere que alguien esté presente para supervisar la firma; Arizona implementó un sistema de petición electrónica en 2011, pero fue disenado solo para ser utilizado por los candidatos que buscan elección a cargos públicos, no los que solicitan iniciativas ciudadanas. En Boulder, el sistema electrónico aprobado en 2018 está a meses de ser implementado.
Antes de 2020, las conversaciones sobre el concepto y/o la aplicación de los sistemas de petición electrónica estaban relativamente ausentes a escala nacional. Pero, como con tantas otras cosas, la pandemia cambió rápidamente eso: de repente, recoger firmas en línea, desde la seguridad del hogar, no fue solo un tema de debate nacional sobre la participación democrática, sino también una cuestión de legalidad. En poco tiempo, una ola de objeciones legales comenzó a poblar los expedientes en muchas cortes supremas estatales.
Sólo 24 estados (más Washington D.C.) garantizan a los ciudadanos el derecho a solicitar iniciativas ciudadanas — a menudo siguiendo un conjunto de reglas muy específicas. Estas reglas se describen en las constituciones estatales, estatutos y cartas municipales. El proceso varía en detalle de un estado a otro y de un municipio a otro, pero todos los procedimientos de iniciativa ciudadana comparten un esquema común: reunir suficientes firmas válidas antes de una fecha límite determinada, para que la medida tenga un lugar garantizado en la boleta. Debido a que no se necesita el apoyo de oficiales elegidos, las iniciativas ciudadanas ofrecen una vía para que los ciudadanos puedan avanzar soluciones a los problemas y promulgar cambios estructurales que los políticos pasan por alto o ignoran.
Cuando las condiciones de estas reglas cambiaron debido a la pandemia, los peticionarios se apresuraron a expresar preocupación ante las personas que rigen el proceso de peticiones, solicitando adaptaciones a las reglas durante estas circunstancias sin precedentes.
Según Richard Collins, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, se convirtió en una cuestión de tratar de comprender que pretendían las constituciones. “Las personas que pusieron [las reglas] en la constitución, claramente no estaban pensando en cómo deberían aplicarse estas disposiciones en el caso de una epidemia de enfermedades,” dijo Collins. En muchos sentidos, se reduce a una pregunta: ¿Qué es más importante: el derecho a presentar una petición o las reglas que determinan cómo acceder a ese derecho?
A medida que se acercaban las fechas límite para la recolección de firmas durante la primavera y el verano, sin un precedente confiable para las adaptaciones de salud y sin movimientos progresistas de oficiales a la vista, campañas en todo el país comenzaron a demandar por el derecho a presentar peticiones por vía electrónica a partir de abril. Muchos pensaron que si era posible depositar cheques, firmar contratos de arrendamiento y solicitar programas de asistencia federal de forma segura en línea, también sería posible facilitar el respaldo comunitario de las peticiones. Algunos tuvieron éxito en sus demandas, pero la mayoría no.
En Boulder, cuatro iniciativas ciudadanas comenzaron el proceso de iniciativas ciudadanas esta primavera. El uso potencial de un sistema electrónico durante la pandemia surgió rápidamente, ya que muchos ciudadanos estaban conscientes de la votación de la comunidad en 2018 para aprobar un sistema electrónico. Además, el abogado de la ciudad Tom Carr estaba programado coincidencialmente para actualizar al consejo municipal de Boulder sobre la implementación del sistema en marzo.
En esta reunión, Carr anunció que el sistema electrónico no estaría listo para usarse en el ciclo electoral de 2020 — ya que el personal de la ciudad y Runbeck, el proveedor de software contratado, aún están desarrollando el sistema y realizando pruebas de seguridad — pero ofreció la posibilidad de una sistema que podría ayudar a los peticionarios durante la pandemia. El consejo le pidió a Carr que redactará una ordenanza borrador que permitiera temporalmente la petición electrónica, pero la conversación terminó rápidamente a mediados de abril, cuando el consejo votó a favor de no seguir la ordenanza de Carr. Los miembros del consejo citaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos y las cargas impuestas a los solicitantes para cambiar de sistema a mitad de campaña. Sin embargo, muchos voluntarios de iniciativas ciudadanas habían pedido explícitamente alojamientos que preservarán la salud. Al final, el consejo no hizo concesiones y dirigió las cuatro campañas a continuar recogiendo firmas en papel.
Solo una de las medidas de iniciativa ciudadana de Boulder, “No Eviction Without Representation” o “NEWR” (No Desalojar Sin Representation Legal), llegó a la boleta electoral de 2020 a través de este proceso, aunque los organizadores de la campana habían comenzado a recoger firmas dos meses antes de que golpeara la pandemia. Las otras campañas que comenzaron más tarde no tuvieron tanto éxito, aunque los organizadores pasaron cientos de horas reuniendo miles de firmas manuscritas. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados aún más cuando el abogado de la ciudad reveló que su oficina había informado mal a las campañas sobre las reglas, y otra vez el concejo no tomó ninguna medida y se negó a corregir el error. Actualmente, una campaña de Boulder, “Bedrooms are for People” (Dormitorios Son Para Personas, DSPP), está apelando su caso ante la Corte Suprema de Colorado, solicitando que el consejo coloque la medida en la boleta electoral.
La copresidenta de la campaña de DSPP, Chelsea Castellano, explicó en un comunicado que los organizadores continuarán litigando “en nombre de todos los votantes de Boulder que deseen ejercer su derecho a la democracia directa, este año y en el futuro.”
Lo que sucedió a nivel municipal, con los legisladores determinando rápidamente “las reglas son las reglas,” se ha reflejado en el nivel estatal. En Colorado, las campañas de iniciativa ciudadana presionaron al gobernador Jared Polis para que solicitara adaptaciones de emergencia para peticiones, al igual que docenas de otras campañas en Massachusetts, Idaho, Michigan, Arizona, Dakota del Norte, Montana, Ohio, etc.
“Solo estamos pidiendo la oportunidad de que la gente vote,” dijo Cara Brown McCormick, directora de campaña de la iniciativa Yes on 2 de Massachusetts, que propone la votación por clasificación. La campana Yes on 2 presentó su demanda, pidiendo al estado que aceptara peticiones electrónicas, en abril, siguiendo el ejemplo de los candidatos que habían presentado una demanda similar. Al principio de mayo, los jueces de Massachusetts otorgaron permiso y las campanas trabajaron en colaboración con su Secretario de Estado, el Procurador General y la empresa de acuerdos electrónicos DocuSign para encontrar ponerse de acuerdo.
“Realmente fue un compromiso,” explicó Cluverius. “El efecto fue uno en el que todos se unieron y el estado llegó a una conclusión que preservó la razón que tenemos requisitos de recopilación de firmas, que son para evitar un exceso de iniciativas de votación, pero también que dió a estas campanas la flexibilidad que necesitan para [tener una oportunidad razonable en el éxito].”
Con DocuSign, la campaña Yes on 2 pudo recoger una firma cada dos minutos durante 40 días seguidos, totalizando más de 30.000 firmas electrónicas al final de su campaña. En conjunto, se convirtió en el mayor esfuerzo de recolección de firmas en la historia de Massachusetts, eclipsando las 13,374 firmas que necesitaban para colocar la medida en la boleta.
“Así es como debe ser: gente que toma las cosas en sus propias manos para peticionar a su gobierno. Y eso es lo que fue, un ejercicio puro,” dijo McCormick. “Fue un éxito tremendo.”
Quizás lo más importante, añadió McCormick, “El secretario sólo descalificó una pequeña cantidad de firmas. No hubo fraude.”
Por sus años de experiencia, McCormick sabe que hay amplias formas en que los gobiernos pueden rechazar firmas y peticiones. “En este caso, cuando la campaña entregó las peticiones a los cientos de secretarios municipales para la certificación y luego al Secretario de Estado, no hubo problemas, no hubo falsificaciones, nada,” dijo. “Me parece que los jueces en Massachusetts estaban muy alineados con el avance de la democracia, incluso durante una pandemia.”
Mientras Massachusetts pudo implementar rápidamente un nuevo sistema de peticiones electrónicas, Arizona pudo confiar, al menos parcialmente, en un sistema que ya había estado en uso. En 2011, la oficina del Secretario de Estado construyó un sistema de solicitud electrónico, conocido como E-Qual, que los posibles candidatos pueden utilizar cuando se postulan para cargos estatales o legislativos. Inicialmente, el sistema estaba diseñado para ayudar a los candidatos a cargos legislativos, estatales y nacionales a recolectar firmas y contribuciones financieras calificadas, explicó Sophia Solis, oficial de información pública de la Oficina del Secretario de Estado de Arizona. En un momento, E-Qual se expandió para incluir más candidatos que buscaban ser elegidos para cargos en el condado y grandes y pequeñas ciudades.
Cuando la pandemia golpeó a Arizona y varias campañas de petición ya estaban en progreso, los ciudadanos preguntaron si E-Qual podría extenderse aún más para ayudar a recoger firmas para iniciativas ciudadanas. Seis campañas presentaron demandas, buscando autorización para usar E-Qual. La secretaria Katie Hobbs, quien estuvo en la legislatura en 2011 y votó a favor de E-Qual en ese momento, defendió la solicitud de las campañas.
“No me opondré a la solicitud que hacen estas organizaciones”, escribió en un comunicado. “Planeo informar a la corte que mi oficina puede implementar los cambios necesarios, si esa es la orden de la corte”.
Ella argumentó que, dados los desafíos que plantea COVID-19 para la recolección de firmas en persona, “permitir que las campañas de iniciativa usen el sistema E-Qual, como ya lo hacen algunos candidatos, es una opción razonable para proteger la salud pública y apoyar la continuidad en nuestros procesos democráticos.”
Sin embargo, un juez de un tribunal de distrito de Arizona desestimó las demandas, declarando que la pandemia no era una “circunstancia extraordinaria” suficiente para merecer una reevaluación de las leyes electorales estatales de larga duración.
Solis explicó que el uso de E-Qual para iniciativas ciudadanas no está autorizado en el estatuto estatal, y expandirse a este ámbito requeriría un cambio legislativo. El juez también justificó su rechazo afirmando que las campañas de la iniciativa electoral deberían haber comenzado a recolectar firmas antes de la pandemia. “Si los Demandantes simplemente hubieran comenzado a reunir firmas antes, podrían haber reunido más que suficiente para calificar para la boleta antes de que la pandemia de COVID-19 comenzó a interferir con sus esfuerzos,” dictaminó el juez.
En respuesta, Hobbs se mantuvo del lado de las campañas ciudadanas: “Podemos y debemos hacer ajustes razonables a la luz de la pandemia mundial,” se afirmó en un comunicado de prensa. “Espero que el tribunal reconozca la necesidad de soluciones viables.”
En Colorado, un destino similar aguardaba a la Secretaría de Estado Jena Griswold, quien colaboró con el gobernador Polis a crear una orden ejecutiva de emergencia que facilitaría la recolección de firmas para las personas que quisieran participar en la democracia, pero sin arriesgar su salud. El sistema propuesto por Griswold y Polis fue diseñado para facilitar la “recopilación remota de firmas,” donde las personas podían imprimir peticiones en sus hogares, firmarlas y luego enviar el papeleo por correo o escanear y enviar por correo electrónico directamente a las campañas.
Pero la orden ejecutiva de Polis fue impugnada en dos demandas: una presentada por el grupo proempresarial Colorado Concern y la otra por un grupo de iniciativa ciudadana en Denver que solicitaba una legislación antiaborto. El caso fue llevado a la Corte Suprema de Colorado y rápidamente, unánimemente anulado. Hasta ahora, ha sido la única orden ejecutiva de emergencia en Colorado impugnada legalmente con éxito durante la pandemia.
Al final del día, los tribunales son los que deciden, dijo Collins, profesor de derecho de CU. “Lo que está legalmente permitido es lo que permiten los tribunales, y lo que no está legalmente permitido es lo que los tribunales no permiten.”
El rango de la perspectiva política de la Corte Suprema de Colorado “es considerable de izquierda a derecha,” dijo Collins, y eso hace que su decisión sea particularmente significativa. “Los trámites están detallados y lo que ha dicho la Corte Suprema es: [las iniciativas ciudadanas son] un derecho, pero es un derecho en condiciones específicas, y las condiciones no se han cumplido y eso es todo, firmado: Amor, Jueces.”
En la reunión ejecutiva del Partido Demócrata del Condado de Boulder el 12 de agosto, Griswold explicó brevemente que la constitución de Colorado prohíbe efectivamente las peticiones electrónicas o remotas a nivel estatal, debido a una regla que requiere la presencia de testigos certificados en persona para una firma válida. “Tendría que haber un cambio constitucional antes de que viéramos las peticiones en línea” utilizadas en las iniciativas estatales, dijo Griswold.
En Boulder, esta regla es aplicable solo a iniciativas locales que persiguen enmiendas a la carta municipal, ya que el proceso de enmienda está dictado por la constitución estatal. Las ordenanzas municipales locales, sin embargo, son técnicamente elegibles para peticiones electrónicas o remotas.
“Tratando de decir, ‘Massachusetts lo hizo, nosotros no’ es probablemente demasiado simplista porque hay otras diferencias en los dos estados”, dijo Collins. Aparte de las distinciones técnicas, sostuvo que los jueces de Colorado podrían estar “un poco más nerviosos por hacer algo que da demasiado fácildad a entrar en la boleta.” Él dijo: “Es posible que Massachusetts no haya tenido, digamos, la experiencia de la enmienda TABOR o, en otras palabras, lo que puede suceder usando este procedimiento de iniciativa para incorporar algo muy problemático en la constitución estatal.”
Otros estados como Ohio y Michigan vieron demandas a favor de las peticiones electrónicas en tribunales de nivel inferior, pero cuando las apelaciones llevaron los casos a un nivel superior en la escala legal, los tribunales federales se apresuraron a revocar fallos y, en última instancia, la mayoría de las propuestas de sistemas electrónicos fueron rechazadas.
A medida que las campañas y los estados se dirigen hacia Massachusetts para aprender de su exitosa estrategia de adaptación de sistemas electrónicos, McCormick dice que muchas de las preocupaciones citadas (la interrupción de los procedimientos tradicionales, la reducción de los estándares de democracia, la seguridad de los datos, etc.) no deben tener mucho peso. “En primer lugar, no quiero que la gente piense que esto fue fácil. Porque no lo es,” dijo ella.
Por un lado, no todos los grupos de iniciativas ciudadanas de Massachusetts pudieron reunir suficientes firmas este año, incluso con la opción de solicitar firmas en línea. Esto ejemplifica el desafío de adaptarse a un nuevo procedimiento y aprovechar las redes sociales, pero también sirve como una garantía para los oficiales electos: los sistemas electrónicos no “desordenarán a nuestros gobiernos,” dijo McCormick; el uso de la tecnología del siglo XXI no abrirá las puertas a decenas de iniciativas ciudadanas cada año. “Avanzando, es simplemente una manera de involucrar y comprometer a más y más personas en la democracia ciudadana.”
Las preocupaciones sobre el fraude no tienen mucho peso para Cluverius, ya que las peticiones en papel están lejos de ser perfectas. “[La petición en papel] está plagada de fraudes y la gente paga a los recolectores de firmas por firma, que incentiva a falsificar aquí y allá.” Por lo tanto, no hay razón para no probar algo nuevo, dijo. “El objetivo es tomar las mejores decisiones que puedas con la democracia que tienes.”
Todo el sistema político de los Estados Unidos se basa en la premisa de la participación de la comunidad, a nivel municipal, estatal y nacional. Algunas de las cualidades más definitorias de Boulder — como el impuesto al valor agregado de espacios abiertos y la ordenanza de altura de edificios — provienen de iniciativas ciudadanas. “Lo último que necesita la democracia estadounidense es asociar la participación con el riesgo de infección,” dijo Cluverius. “De todas las cosas que quizás el sistema democrático podría inclinarse un poco, creo que la recopilación de firmas para el acceso a las boletas es una de las más obvias.”
Y McCormick está de acuerdo. Después de todo, las peticiones solo se utilizan para otorgar a la comunidad la oportunidad de votar, y “ese derecho nunca debe ser eliminado.”
Nota editorial: Este artículo es el segundo de una serie de cuatro partes que analiza el papel de sistemas en línea para recoger firmas en el futuro de la democracia directa en 2020. Este artículo fue reportado con ayuda del Solutions Journalism Network.
Corrección: En la versión original, declaramos incorrectamente el número de muertes relacionadas con COVID cada día. Lamentamos el error.
